Sedesol:
Mil 787 mdp desaparecidos en las gestiones de Rosario Robles y José Antonio
Meade.
La
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desvió por lo menos mil 787 millones
de pesos en 2015, año en que la dependencia fue encabezada sucesivamente por
Rosario Robles Berlanga, ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu), y José Antonio Meade Kuribreña, actual
secretario de Hacienda. Una revisión de las nueve verificaciones financieras
que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le practicó a la Sedesol sobre
la cuenta pública de 2015 muestra que nada más en un “esquema de simulación de
servicios” con tres universidades del Estado de México, la dependencia desvió
887 millones de pesos.
Parte
del dinero desviado terminó en las cuentas bancarias de tres empresas asentadas
en Torreón, Coahuila, y vinculadas entre sí. Las mismas tres empresas
recibieron recursos de otro programa de la Sedesol, que consistió en la
instalación de baños ecológicos en zonas marginadas. En total obtuvieron 334
millones 55 mil pesos de las dos maniobras –que no tienen nada que ver una con
la otra– y la ASF “presumió” un vínculo entre estas empresas y la Sedesol. Se
trata de Matchser, S. A. de C. V., que recibió 74 millones 357 mil pesos en
ambos movimientos; Srevint, S. A. de C. V., 163 millones 685 mil pesos, y
Factores y Servicios Humanos, S. A. de C. V., que ganó 96 millones 13 mil
pesos.
De
acuerdo con la documentación de las empresas, consultada por Proceso en el
Registro Público de Comercio, las tres fueron registradas ante el mismo
notario, Gustavo Muñoz Domínguez: Factores y Servicios Humanos el 17 de abril
de 2009, y Srevint y Matchser los días 22 y 23 de abril de 2014,
respectivamente. Factores y Servicios Humanos está controlada por los
empresarios laguneros Javier Ángel González Colsa; su padre, Javier Ángel
González Ruiz, y Alejandro Islas González. Srevin y Matchser tienen como
administradora única a Soraya Mexsen Jalife, quien comparte las acciones de la
primera con Carlos Luis Alfonso González Ruiz, y de la segunda con María del
Rosario González Jalife. González Colsa aparece como socio de tres empresas en
Torreón y ocho más en Gómez Palacio, Durango.
En
Coahuila fue socio del priista Antonio Juan Marcos Villarreal en la empresa
Combustibles Integrales, S. A. de C. V., que ahora está cerrada por
liquidación. Empresario textilero, dueño del Grupo Denim –asentado en Gómez
Palacio– e hijo de Salomón Juan Marcos Issa –exalcalde de Torreón–, Juan Marcos
Villarreal fungió como secretario de Desarrollo Regional de La Laguna durante
la administración de Humberto Moreira, y enfrentará en fechas próximas un
juicio por su supuesta participación en operaciones de lavado de dinero por un
monto cercano a 441 millones de pesos.
Impunidad
garantizada Los desvíos de los recursos de la Sedesol quedaron impunes gracias
a la complicidad de su Órgano Interno de Control (OIC): la ASF determinó en la
auditoría 288DS que “en general, no se promueven sanciones a los servidores
públicos que han infringido la normativa” y que aquella entidad no supervisa
los programas con mayores recursos ni investiga la “causa origen de los
problemas”.
De
las 18 auditorías que el OIC realizó en 2015 se derivaron 78 observaciones, que
mostraron el mal uso de 938 millones 639 mil pesos. De este monto, el organismo
apenas logró reincorporar 98 millones 938 mil pesos. En otras palabras: nueve
de cada 10 pesos desviados se desvanecieron. Y quedaron impunes: “Se identificó
que en 38 observaciones que implicaron cuantificaciones monetarias, el OIC no
promovió el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos que
ocasionaron un daño o perjuicio al erario federal”, insistió la ASF. De acuerdo
con la ASF, los programas sociales que distribuyen las mayores cantidades de
recursos escaparon al monitoreo del OIC.
Entre
ellos: los programas de Pensión para Adultos Mayores –dotado de 36 mil 707
millones de pesos–, de Comedores Comunitarios –3 mil 155 millones de pesos– y
de Estancias Infantiles –3 mil 641 millones de pesos. El OIC detectó
deficiencias en el padrón de beneficiarios de programas sociales, pero no
promovió sanción alguna. También desechó tres de seis expedientes relacionados
con “recursos financieros aplicados a objetivos distintos de su programación”,
y los tres restantes “continúan en investigación”.
A
lo largo de 2015 los cuatro titulares del OIC de la Sedesol nunca abordaron las
nuevas disposiciones establecidas en el Sistema Nacional Anticorrupción ni
propusieron revisar los programas “susceptibles a posibles actos de corrupción,
como es el caso de Prospera”. Los propios trabajadores de la Sedesol, en la
Encuesta de Clima y Cultura Organizacional del ejercicio 2015 –a la que
respondieron de manera anónima–, denunciaron que “en relación con temas de
ética y prevención de la corrupción, se carece de acciones concretas y
articuladas por parte de los mandos directivos”, recordó la ASF. Desvíos absurdos
El 30 de enero de 2015 la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales
(UPRI) de la Sedesol otorgó tres contratos – por 136 millones 85 mil pesos, 319
millones 121 mil pesos y 156 millones 478 mil pesos, respectivamente– a la
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Universidad Politécnica de Texcoco, para
mejorar la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS).
Las
universidades, a su vez, transfirieron 97.7% de estos recursos a seis personas
físicas y 12 personas morales “sin que existiera contrato o constancia que
justifique los pagos y los servicios que no fueron otorgados”, precisó la ASF.
Esto es ilegal, pues las universidades no tienen derecho a subcontratar más de
49% de los servicios. Entre las beneficiadas de estos desvíos, según la ASF, se
encuentran las empresas laguneras Matchser, Srevint y Factores y Servicios
Humanos. A final de cuentas, los servicios no fueron prestados y el dinero se
esfumó. La ASF sostuvo, en su jerga, que el fraude consistió en “eludir el
procedimiento de licitación pública y simular contratos con terceros, lo que ha
provocado el ejercicio y desvío de recursos públicos a fines ajenos”.
Los
contratos obligaban a las universidades a asumir el pago de los coordinadores
técnicos sociales, quienes supervisan las obras realizadas con recursos del
FAIS. Esta tarea no incumbe a la Sedesol, sino a los estados y municipios, de
acuerdo con la ASF. Para ello la dependencia utilizó los recursos de la partida
44101, destinada a “gastos relacionados con actividades culturales, deportivas
y de ayuda extraordinaria”, la cual no tiene nada que ver con los servicios
contratados. Los auditores realizaron visitas domiciliarias a cuatro proveedores,
quienes “se negaron a proporcionar la información solicitada”. Se percataron
posteriormente de que estas empresas “tienen actividades diferentes a los
servicios solicitados”.
Durante
la auditoría, la Sedesol “no encontró” los “entregables” de las universidades,
ni los supuestos informes de los trabajos de supervisión. La ASF descubrió que,
al final de la cadena, los mil 246 coordinadores técnicos sociales recibieron
pagos por un total de 79 millones 410 mil pesos. En otras palabras, no hay
manera de comprobar que los servicios fueron prestados, y aunque fuera el caso,
la Sedesol habría pagado 532 millones 301 pesos en exceso. El absurdo no
termina aquí: en febrero, marzo, septiembre y noviembre de 2015 la Sedesol
asumió el pago a los coordinadores técnicos –tarea que incumbía a las
universidades– por un monto total de 89 millones 959 mil pesos. Sumando todas
las irregularidades y ampliaciones de contrato, el fraude costó 887 millones 37
pesos al contribuyente mexicano.
“Los
rectores de las universidades manifestaron que el monto asignado a cada
convenio y la elección de los proveedores para los supuestos servicios fueron
definidos por el entonces titular de la UPRI o por personal dependiente de esa
unidad administrativa”, informó la ASF. En ese entonces, el titular de esta
unidad era el priista Juan Manuel López Arroyo, quien fue nombrado delegado de
la Sedatu en Puebla el pasado 10 de enero.
Oscuros
despilfarros de la muestra de mil 526 millones de pesos destinados a las
partidas de “Servicios Generales” y “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
otras ayudas”, que la ASF revisó a lo largo del año pasado, fueron desviados
420 millones de pesos. De nuevo, la Sedesol utilizó cinco universidades: dos
del Estado de México, dos de Chiapas y una de Zacatecas. Las universidades
subcontrataron los servicios que les encargó la Sedesol por un precio mucho
menor.
La
Universidad Intercultural del Estado de México pagó 61 millones 222 mil pesos a
dos empresas para levantar los Cuestionarios Únicos de Información
Socioeconómica en zonas rurales y semiurbanas, 49.3% del monto que le otorgó la
Sedesol. La Universidad Autónoma de Zacatecas contrató a dos proveedores por 90
millones 911 mil pesos, poco menos de la mitad de los 222 millones 720 mil
pesos que obtuvo de la Sedesol. La Universidad Politécnica de Chiapas recibió
dos contratos de 200 millones de pesos cada uno, en los que la institución se
comprometió a supervisar, monitorear y controlar los comedores comunitarios del
Estado… de México. Subcontrató empresas por 278 millones 400 mil pesos, lo que
implicó una pérdida de 121 millones de pesos para la Sedesol.
Este
caso es peculiar: la Sedesol afirmó ante los auditores que desconocía las
operaciones de la universidad, pese a que cuenta con los convenios en sus
archivos y pagó los 400 millones de pesos a la institución. La Universidad
Autónoma de Chiapas cobró 60 millones 952 mil pesos para coordinarse con la
Sedesol en la operación de proyectos. Sus entregables resultaron de pésima
calidad: información faltante, documentos con “tachaduras, borrones,
enmendaduras y corrector en las fechas”, fechas que no corresponden o listas de
asistencia sin fechas. Tampoco acreditó que realizó las 8 mil 400 acciones que
se comprometió a efectuar.
De
los mil 19 millones de pesos que la ASF auditó del programa Seguro de Vida para
Jefas de Familia se detectaron 55 millones 978 mil pesos erogados sin
documentación justificativa y comprobatoria; y de los 593 millones 780 mil
pesos del programa de Opciones Productivas se desviaron 65 millones 904 mil pesos
– alrededor de 10%–, sobre todo debido al mal uso de los recursos por parte de
la delegación de la Sedesol en Chiapas. Zonas prioritarias… para la corrupción
Los programas que la Sedesol aplicó en las Zonas de Atención Prioritaria del
país –los municipios en pobreza extrema– generaron desvíos millonarios por
parte de las delegaciones en las entidades federativas.
De
la compra e instalación de techos de lámina, parte del programa “Techos Fijos”
de la Sedesol, fueron desviados por lo menos 160 millones 635 mil pesos –17%
del presupuesto del programa–, de acuerdo con la auditoría 287DS. La ASF
señaló que ninguna de las delegaciones de la Sedesol instrumentó “acciones de
control y seguimiento” y varias incurrieron en serias irregularidades. Un
ejemplo: en Chiapas hubo 632 inconsistencias –por un costo de 33 millones 264
mil pesos– y un posible “uso indebido para fines electorales” de los techos en
el municipio de Ocozocoautla de Espinosa. La Sedesol aseguró que mejoró 110 mil
562 viviendas, cifra que contradijo su propio padrón, en el que quedan
registradas 83 mil 311 viviendas atendidas en enero de 2017.
Aun
así, en el padrón “se determinaron inconsistencias que (les) restan
confiabilidad y veracidad”, subrayó la ASF. En el caso de la instalación de 15
mil baños ecológicos en distintos municipios del país, la Sedesol gastó 580
millones de pesos, 240 millones 262 mil de los cuales fueron desviados. Un
consorcio, integrado por las empresas BPG Ingeniería, S. A. de C. V.; Grupo
Daxme, S. A. de C. V., y Muebles y Mudanzas, S. A. de C. V., le cobró a la
Sedesol 38 mil 600 pesos por la instalación de cada escusado, cerca de tres
veces el precio unitario –13 mil 839 pesos– de estos retretes, fabricados por
la empresa Rotoplas. La ASF descubrió que el consorcio elaboró un esquema
fraudulento de facturación y de “simulación de las operaciones”, con el que
desvió 206 millones de pesos hacia 21 empresas y siete personas “ajenas y
desvinculadas a los servicios solicitados por la Sedesol”; entre ellas las tres
mencionadas empresas laguneras.
Total,
“de 50 visitas realizadas para constatar la instalación de los baños
ecológicos, se observó que en 25 casos no se encontraban en uso por diversas
razones, entre las cuales se encuentran que el agua se regresaba por falta de
declive; los tinacos presentaban filtraciones; por mal olor, etc., por lo que
los beneficiarios los utilizaban como bodegas”, deploró la ASF. Y en la
instalación de 21 mil 292 sistemas de recolección de aguas pluviales, en los
que la Sedesol pagó 580 millones de pesos, se desviaron 98 millones 117 mil
pesos, en pagos indebidos.
Cruzada
fallida La ASF no sólo constató e investigó los desvíos de recursos; también
analizó las deficiencias estructurales en el desempeño de los programas de la
Sedesol, las cuales explican el fracaso del gobierno federal en combatir la
pobreza. Para empezar, el órgano fiscalizador detectó severas fallas en la
integración del Padrón Único de Beneficiarios, lo cual “repercute en que 55.3
millones de personas en situación de pobreza no sean atendidas con eficacia y
eficiencia por la persistencia de la inadecuada focalización de los lugares,
comunidades y beneficiarios que más necesitan la atención del Estado; la
ineficiencia y falta de transparencia en la asignación y la aplicación de los recursos
federales; y el incumplimiento de los objetivos de desarrollo social”,
sentenció el órgano fiscalizador.
La
ASF deploró, por ejemplo, que en 2015 persistieron “las deficiencias en el
diseño” de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), la estrategia
“estrella” de erradicación del hambre que lanzó y promovió la administración de
Enrique Peña Nieto en los primeros dos años del sexenio.
Estas
fallas “limitaron garantizar el acceso a la alimentación y a los demás derechos
sociales a la población que se encontró en pobreza extrema alimentaria, así
como la erradicación de dicha condición”, sostuvo el órgano fiscalizador. En
consecuencia, la CNCH sólo atendió a 60% de la población que padece hambre y
dejó fuera a 2 millones 467 mexicanos.
“La información reportada por la Sedesol
en la Cuenta Pública de 2015 fue insuficiente para evaluar el cumplimiento de
los objetivos de la CNCH”, deploró la ASF. Desde el desplazamiento de Robles a
la Sedatu, en septiembre de 2015, la Cruzada desapareció del aparato de propaganda
gubernamental: Luis Miranda Navas, el actual titular de la Sedesol, nunca la menciona
en sus escasas apariciones públicas, y la noticia más reciente del portal
sinhambre.gob.mx tiene fecha del pasado 10 de noviembre.
Con
información de proceso.com
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