El gobierno que detuvo a
Elba Esther Gordillo y que capturó - no una sino dos veces - al Chapo Guzmán,
hoy dice que no sabe en dónde están dos exgobernadores prófugos. El tema supone
una crisis de incompetencia en donde dos políticos pueden evadir al peso del
Estado, o una inacción solo explicable por complicidad. En ambos casos el
escenario es desalentador.
Si el gobierno del
Presidente Peña no puede detenerlos, mal negocio porque los dos anunciaron con
tiempo su escape. Son figuras públicas cuyos bienes y relaciones son fácilmente
rastreables y resulta difícil creer que pueden huir sin dejar huella.
Y si por el contrario, el
gobierno federal sabe en dónde están y no actúa en consecuencia, también
estaría dando una prueba de cómo la corrupción (y su castigo) es objeto de
negociación. Javier Duarte y Guillermo Padrés son hoy dos símbolos del desastre
que es nuestro sistema político. Uno en el que se pueden cometer toda clase de
irregularidades por años, sin que nadie haga nada.
Uno en el que los partidos
solo sirven para postular personas al poder pero no para hacerse cargo de sus
gestiones. ¿O el PAN nunca supo de los turbios manejos de Padrés?¿y en el PRI y
el gobierno federal no se enteraban de los negocios de Javier Duarte? Las
respuestas son obvias: lo sabían y simplemente voltearon para otro lado como
hicieron y siguen haciendo en muchos otros casos más.
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