Causa total indignación, como la inacción de las
autoridades de un albergue del DIF en Hidalgo dio como resultados la muerte de
una mujer identificada como Rosalía, la infortunada mujer, fue torturada y
asesinada frente a sus tres hijos.
México.- 18 de Marzo de 2017 (Regeneración/Vía
LSR). Veintisiete días antes de que
fuera asesinada, a balazos frente a sus tres hijos, y junto a su hermano,
Rosalía fue sometida a tratos crueles; después violada. Logró escapar y, tras
los mensajes de texto que había enviado, llegó a la agencia del Ministerio
Público de Tulancingo, Hidalgo, donde su familia iniciaba averiguación previa
555 por la privación ilegal de la libertad y violencia. En esa instancia, los
servidores públicos se negaron a incluir el abuso sexual, porque ya habían
clasificado los delitos.
Su agresor, Cleotilde Manuel Espinoza Terrón, capitán en la XVIII zona Militar,
había ido por ella en la noche a la casa donde vivía a bordo de un Spirit rojo.
La sacó de los cabellos y con la pistola en la cabeza; subieron a los niños y
se la llevó con rumbo desconocido. Después sabrían que estuvo retenida en
Acatlán, en la casa de otro militar, con nombre y domicilio desconocido.
El ejercicio indebido de la función pública, la insuficiente protección de personas, y la negativa de asistencia a víctimas del delito en la que incurrieron funcionarios de la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, así como la secretaría de Salud, derivó en el asesinato de Rosalía, a quien, pese a los antecedentes de violencia de la que había sufrido por parte de su ex pareja, no otorgaron salvaguardaron su integridad.
Las omisiones y anomalías por parte de las autoridades, que tenían la obligación de velar por la integridad de una víctima, iniciaron a finales de 2013, cuando Rosalía inició una averiguación previa por violencia familiar en contra del miembro de las fuerzas armadas, con quien había vivido 14 años en unión libre y procreó tres hijos: de diez, siete y seis años de edad.
Ella siguió viviendo en el mismo domicilio en Tulancingo, Hidalgo, ya que la casa estaba a su nombre. A él lo detuvieron a principios de mayo de 2014, pero a los dos días pagó una fianza y obtuvo su libertad.
El Juez penal de Tulancingo giró una orden de restricción, pero desconocía por cuánto tiempo fue, ya que nunca se la entregaron, porque la agente del Ministerio Público siempre le decía que regresara otro día.
El 15 de junio de 2014, pese a ello, el capitán se metió a la casa Rosalía y la golpeó mientras los niños observaban.
La familia de la agraviada presentó una denuncia en el Ministerio Público de Tulancingo por las lesiones, pero eso no evitó que sufriera dos agresiones más por parte de su ex pareja.
En una de ellas la golpeó, la violó y le pegó con una pistola, por todas las agresiones que sufría, su hermana iniciaba un procedimiento ante el MP, mas la impunidad prevalecía, de acuerdo con el expediente CDHEH-VG-2487-14 que inició ella misma en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.
En julio, el militar llevó a Rosalía (cuyo nombre no es Rosalía) a casa de un amigo, y ahí la tuvieron encerrada toda la noche con sus niños hasta que con engaños logró escapar. Él la violó, le pegó y la amenazó de muerte.
Cuando ella escapó con sus hijos, se dirigió a casa de su madre y fueron a presentar la denuncia. Dos días después fue a pedir ayuda a la dieciochoava zona militar; sin embargo, una secretaria de le dio la dirección de la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF estatal y de ahí las canalizaron a la Unidad Especializada de la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, donde acudió, su madre y su hermana.
En ese lugar, la directora le dijo que tenía que ir a valoración psicológica su hermana y sus hijos para ver si podía entrar al refugio para que le dieran apoyo. Ahí ya no la dejaron salir, le explicaron a su madre y a ella que no podría hacer llamadas telefónicas, ni podrían verla por tres meses, ya que le darían tratamiento psicológico a ella y a los niños, así como toda la ayuda que necesitara, pero no fue así.
El 6 de agosto de 2014 recibieron la llamada de una persona del sexo femenino, quien le comentó en tono agresivo que al día siguiente fueran a la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, ubicada colonia Periodistas de Pachuca, para recoger a su hermana, porque ya no podría seguir en el albergue.
Los pasaron a una especie de sala donde había sillas, y estaba su hermana; su sobrino de seis años de edad estaba ardiendo en calentura y platicaron con la directora de la unidad, dos psicólogas y una trabajadora social, “ya que así se presentaron, pero omitieron proporcionar los nombres”.
Con el argumento de que había ido a “mover” a las otras internas, no le permitieron seguir en el lugar, sin presentar pruebas de sus dichos. Siete días después, por la indefensión en la que la colocaron las autoridades, el militar la asesinó con un arma de fuego. Treinta y dos meses después, sigue prófugo.
En la recomendación R-VG-0001-17, dirigida a la presidenta del tribunal superior de justicia, Blanca Sánchez Martínez, al fiscal Javier Ramiro Lara Salinas, y al secretario de Salud Marco Antonio Escamilla Acosta, la CDHEH pide dar cumplimiento a la reparación integral del daño, por las violaciones a los derechos humanos que sufrieron las víctimas, con base y de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales aplicables, así como iniciar procedimientos en contra de las autoridades responsables.
A la Procuraduría solicitó incrementar las técnicas de investigación para localizar y capturar a Cleotilde Manuel Espinosa Terrón, quien cuenta con órdenes de reaprehensión y aprehensión, emitidas por el juzgado segundo penal de Tulancingo de Bravo, dentro de las causas penales 94/2014 y 173/2014, respectivamente.
También iniciar los procedimientos sancionatorios contra los responsables de que una mujer que había solicitado su apoyo por su historial de violencia fuera asesinada por las omisiones que permitieron su vulnerabilidad y la impunidad a un mando militar.
Al Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), el organismo público autónomo exigió la capacitación y sensibilización de sus integrantes, pues en el caso de Rosalía, el juez segundo penal de Tulancingo, Porfirio Austria Espinosa, condicionó el otorgamiento de la orden de aprehensión contra el militar: pidió la comparecencia de la víctima, quien se encontraba en riesgo de ser ubicada por su victimario, para “presumir la autenticidad de lo que el agente del MP suponía (el peligro que corría la víctima )”.
Del refugio, cuyos subsidio proviene de subsidios federales -señala la CDHEH-, que por una semana recibió a la mujer y que se negó a proveerle protección por unos días más, la comisión advirtió que “en su afán” de acreditar que la víctima no deseaba permanecer en el sitio de resguardo, el personal alteró el formato de egreso de quien moriría por la agresión armada de su pareja.
Vía LSR
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